La Provincia de Buenos Aires ha establecido un marco pionero y obligatorio para el uso de IA en el Estado, mediante la Resolución 9/2025, que clasifica los sistemas por nivel de riesgo (prohibidos, alto, limitado, nulo), exige transparencia (advertir cuando se interactúa con IA), combate sesgos, regula el uso en la justicia y laboral, y exige auditorías y sostenibilidad ambiental, buscando un equilibrio entre innovación y protección de derechos, según información de finales de 2025.

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